La Propuesta de Amnistía General tiene restricciones

Se limita (según el artículo 6) los hechos que serían “amnistiados”.

Esto implica que personas procesadas, condenadas o forzadas al exilio por hechos políticos ocurridos fuera de esos eventos —como los casos de 2018 (drones) o 2020 (Gedeón), así como numerosas imputaciones basadas en la ilegal y criminal “Ley contra el Odio”— no quedarían automáticamente protegidas, aun cuando la motivación de la persecución sea política.

Los propios principios de igualdad y finalidad reconciliadora que la ley dice perseguir no son reales

El proyecto tampoco incluye derogaciones ni reformas de las normas que han servido de base a la persecución política en Venezuela (Ley contra el Odio, legislación restrictiva sobre ONG, régimen de inhabilitaciones administrativas, extinción de dominio, entre otras).

Sin el desmontaje de ese andamiaje represivo, cualquier promesa de reconciliación queda suspendida en el vacío.

Entonces, el proyecto tiene más apariencia de buscar la auto-protección del propio sistema tiránico que una verdadera “reconciliación” y transición democrático

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